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| Informe internacional señala crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador. | ||||||
| El informe “El Salvador en la encrucijada” documenta crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad, incluyendo encarcelamientos arbitrarios —con menores afectados—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución. | ||||||
| Martes 10 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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De acuerdo con el informe “El Salvador en la encrucijada: Crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, entre estos crímenes de lesa humanidad hay casos de encarcelamiento arbitrario —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución, entre otros actos crueles o inhumanos. El informe, elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) que está integrado por cinco juristas de reconocimiento internacional, fue presentado este martes durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en el marco del 195 período de sesiones de la CIDH en Guatemala. En el informe los expertos también aseguran que los casos documentados indican la “existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele”. 89 mil detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción El informe sustenta sus conclusiones en cifras acumuladas durante la aplicación del régimen de excepción, medida que ha sido extendida en múltiples ocasiones por la Asamblea Legislativa bajo el argumento de “reducir los homicidios y posicionar a El Salvador como el más seguro del hemisferio occidental”. En contraste, el GIPES documentó la detención de más de 89 mil personas de forma arbitraria o sin el debido proceso legal. El informe destaca que el propio presidente Nayib Bukele aceptó públicamente “que al menos 8 mil personas detenidas eran inocentes”, aunque posteriormente fueron liberadas. Adicionalmente, el grupo de expertos registró 403 muertes bajo custodia estatal dentro de las cárceles, incluyendo a cuatro niños, con datos recabados hasta agosto de 2025, y se contabilizaron 540 casos de desaparición forzada en registros que abarcan hasta febrero de 2025. Sobre esta acumulación de casos, José Guevara, experto del GIPES, afirmó que “las cifras hablan por sí solas: no se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”. Además, si bien los juristas reconocen el deber del Estado salvadoreño de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, advierten que esta responsabilidad “no puede ejercerse cometiendo crímenes internacionales”, encuadrados en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Crímenes de lesa humanidad empezaron desde 2021 tras quiebre institucional El informe identifica que estos crímenes de lesa humanidad han sido facilitados por un quiebre institucional que inició en mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General. Posteriormente, la nueva Sala avaló la reelección presidencial de Nayib Bukele, pese a ser inconstitucional y, en 2025, se aprobó una reforma para habilitar la reelección ilimitada. A esto se suma la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros en mayo de 2025, la cual impuso restricciones severas a las organizaciones civiles que reciben financiamiento internacional, además de campañas de estigmatización y criminalización contra la sociedad civil y la prensa. “La prolongación indefinida del régimen de excepción y la adopción de decenas de decretos legislativos modificando normativa en materia penal, procesal penal y de justicia penal juvenil, unida a la captura del poder judicial, han consolidado un entramado legal, que permite la violación sistemática de derechos fundamentales como el de no ser privado arbitrariamente de la libertad, no ser sujeto a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la vida y al debido proceso, para miles de salvadoreños y salvadoreñas”, señaló la jurista Claudia Martin. Expertos hacen un llamado a la acción de la comunidad internacional Ante sus hallazgos, los expertos también presentaron recomendaciones de carácter urgente dirigidas tanto a la comunidad internacional como al Estado de El Salvador. A nivel internacional, los juristas instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH-ONU) a “crear una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”. Por otro lado, recomiendan a las autoridades salvadoreñas poner fin al régimen de excepción, revertir las reformas penales que contravienen el derecho internacional y “establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas bajo el régimen de excepción, con apoyo internacional” para atender la crisis carcelaria. Los resultados de esta investigación también serán presentados en un evento paralelo a la 61ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, programado para el miércoles 11 de marzo. |
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