XALAPA.- Vaya caso, a raíz de la reciente detención del reportero Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, en Coatzacoalcos, la nota roja ya no solo huele a pólvora, ahora también huele a represión. Y es que, el mensaje es claro y brutal: quien muestre la realidad incómoda puede terminar en la cárcel. Hay quienes dicen que la detención del periodista, acusado de terrorismo y delitos contra la seguridad pública, no es un hecho aislado ni un simple “asunto legal”, sino un aviso directo desde el poder para quienes aún se atreven a documentar la violencia, la corrupción y el fracaso institucional que otros prefieren esconder bajo la alfombra del discurso oficial. Acusar a Lafita León de terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública por ejercer su labor periodística es una aberración jurídica y un acto de intimidación que enciende todas las alertas debido a que, si informar sobre hechos policiacos se convierte en prueba criminal, entonces mañana cualquier periodista puede ser el siguiente. Lo que se observa es el uso del aparato del Estado para acallar voces críticas. De acuerdo con los reportes, el pretexto habría sido un incidente registrado con la abogada Leticia Zurita Dávila, quien lo amenazó: “¡Te voy a hacer un desmadre, vas a ver!, luego de que el periodista cubrió un accidente en el malecón donde se vio involucrada la hija de la abogada. Justo en Nochebuena, mientras las familias celebraban, la FGE emitió un comunicado “triunfalista” dando a conocer la detención del periodista bajo los cargos absurdos de terrorismo y delitos contra la seguridad pública. No detuvieron a un generador de violencia, detuvieron a Lafita León, el hombre que se atrevió a no bajar la cámara ante las amenazas de la Lic. Leticia Zurita Dávila. Es inaudito que en una de las ciudades más violentas del mundo, la "amenaza" que el Estado decide neutralizar sea la de un comunicador cuya única arma es una cámara. Así la justicia en Veracruz.
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