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XALAPA.- De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, la Ley General de Aguas que fue aprobada en el Congreso y publicada hace unos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), afectará a los productores de maíz. Homero López García, presidente del organismo empresarial, afirmó que el impacto es para la ciudadanía en general que no se ha dado cuenta de los alcances de la legislación hasta que tenga alguna situación relacionada con el agua. "Por ejemplo: en Veracruz es muy común que en el sureste en algunas regiones tengan pozos de agua y ¿qué va a pasar? Falleces, dejas una propiedad donde tienes un pozo de agua, esa agua que está en tu territorio pasa a ser del gobierno y el gobierno si quiere te pone un medidor y tasarte el precio al que se le antoje". En ese tenor, consideró que lamentablemente los legisladores están traicionando a los mexicanos, incluso provocando la inflación que cada vez es mayor en el País. Por otro lado, afirmó que el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, una iniciativa del gobierno federal para estabilizar el precio del producto, asegurar su disponibilidad y calidad, "nació fracasado y no tarda en morir". La administración pública tiene la idea de "jugar" con los precios para mantenerlos accesibles, pero siempre trasladándole la carga a los industriales sin ofrecer ningún incentivo para que se puedan mantener. Prueba de ello es que el dirigente empresarial destacó que menos del uno por ciento de los negocios del sector se han adherido al proyecto en el transcurso del año, algo que demuestra que no tiene viabilidad tal cual se ha planteado. "Les he pedido que nos reunamos para poder apoyar este programa; no como está porque no hay condiciones, esperemos que ellos quieran recomponer este programa porque querer que la industria de la masa y la tortilla tenga siempre precios accesibles es imposible", sostuvo. Por último, afirmó que los industriales no tienen por qué pagar las consecuencias de las malas decisiones, por lo que es necesario que los funcionarios públicos cambien de actitud y los escuchen para poder ejecutar una política pública que beneficie a productores y consumidores.
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