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XALAPA.- Luego de que 13 unidades del parque vehicular fueran subastadas como supuesta “chatarra”, pese a encontrarse en buenas condiciones mecánicas y operativas, las autoridades salientes del ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, gobernado por Morena, enfrentan graves señalamientos por el presunto saqueo del patrimonio municipal. De acuerdo con líderes indígenas, agentes municipales y autoridades comunitarias, el Cabildo, encabezado por la alcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez, habría autorizado un remate calificado como amañado, opaco y dirigido, en el que familiares y amigos de ediles adquirieron vehículos oficiales a precios irrisorios. Las camionetas y motocicletas, modelos que van de 2001 hasta 2020, presuntamente se vendieron en montos que oscilaron entre los 3 mil y los 10 mil pesos, sin un proceso transparente ni una difusión pública adecuada que garantizara la participación ciudadana. Los inconformes aseguraron que la supuesta “subasta pública” se celebró en lo oscurito, pese a contar con autorización del Congreso del Estado. Denunciaron que nunca se difundió la lista de bienes a rematar ni la fecha del procedimiento, aun cuando éste aparece referido en la Gaceta Oficial del Estado. La ausencia de actas de Cabildo, dictámenes de avalúo y mecanismos formales de publicidad, sostienen, refuerza la presunción de fraude y uso indebido de facultades por parte de las autoridades municipales salientes. Uno de los casos que mayor indignación ha generado es el de una retroexcavadora Case, de reciente adquisición, que presuntamente fue rematada en apenas 40 mil pesos. A ello se suma la venta de la camioneta oficial que utilizaba la presidenta municipal, una Ford Ranger Raptor 4×4 modelo 2023, que habría sido vendida en 60 mil pesos, pese a que su precio de mercado rondaba un millón 268 mil pesos al momento de su lanzamiento en México. De manera particularmente llamativa, los denunciantes señalaron que esta camioneta de lujo había sido reportada como robada el 18 de marzo de 2024, cuando la alcaldesa transitaba por una carretera de la Sierra de Zongolica, y que “extrañamente reapareció” ahora dentro del listado de bienes subastados. Las acusaciones también alcanzan a la diputada local del Partido del Trabajo, Dulce María Hernández Tepole, a quien los quejosos señalan por una presunta complicidad o respaldo político al procedimiento, al haber tenido conocimiento y aval del remate de las unidades oficiales. Las responsabilidades, indicaron, recaen directamente en la alcaldesa Norma Estela Hernández Sánchez, así como en el síndico Agustín Cuahua y la regidora Edith Hernández Cano, quienes habrían aprobado la baja y venta de vehículos y herramientas que, aseguran, seguían siendo funcionales y fueron clasificadas indebidamente como inservibles. Ante estos hechos, agentes municipales, autoridades comunitarias y pobladores de Mixtla de Altamirano expresaron su indignación y anunciaron que interpondrán denuncias ante las instancias correspondientes, con el fin de exigir una investigación a fondo, el deslinde de responsabilidades y la recuperación del patrimonio municipal presuntamente malvendido.
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