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XALAPA.- El colectivo Solecito de Veracruz anunció que en el mes de enero del próximo año se reunirá con la nueva Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para darle a conocer las necesidades de las y los familiares de personas desaparecidas en la entidad. Desde el zócalo de la ciudad de Veracruz, en el marco del retiro del llamado "Árbol del dolor" y pase de lista de desaparecidos, Rosalía Castro Toss, vocera del colectivo, señaló que entre las necesidades urgentes que le harán saber a la nueva fiscal está el pedirle mayor celeridad a la hora de identificar los restos humanos hallados en fosas clandestinas. Refirió que durante 2025, solo diez cuerpos hallados en fosas clandestinas fueron identificados y entregados a sus familias que forman parte del colectivo Solecito de Veracruz. "De las deficiencias que hay y que queremos que se resuelvan, que nos den mayor seguridad, mayor investigación y mayores resultados, mayor celeridad a las identificaciones", aseguró. Con relación al trabajo de la exfiscal Verónica Hernández Giadáns, la activista dijo que sí hubo resultados como la construcción y puesta en marcha de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales, un centro de identificación que anteriormente no existía pero que era necesario. "Ella (Hernández Giadáns) pidió presupuesto y, bueno, todos los trámites que se tienen que hacer y se amplió ahorita. Con Cuitláhuac eran nada más dos mesas para armar los tesoros y ahorita con la ampliación ya son 40 mesas y en esas mesas van a haber dos arqueólogos físicos, van a estar trabajando 80 arqueólogos físicos en esas mesas para armar los cuerpos, porque todos nuestros tesoros, la mayoría, están seccionados", sostuvo. Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre rindió protesta al frente de la FGE de Veracruz el pasado 8 de diciembre, tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns. Con 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones de las y los diputados del Congreso del Estado la ex magistrada asumió las riendas de la FGE de Veracruz por un periodo de cuatro años, según lo marca la última reforma a la Constitución que entró en vigor el pasado 5 de diciembre. Así las cosas.
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