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XALAPA.- A través de un escrito presentado ante un tribunal colegiado, el exfiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, pidió al Poder Judicial de la Federación resolver el amparo que promovió contra su destitución y acusó a los magistrados de retrasar el fallo. “Les pido nuevamente, que dejen de patear el bote, y resuelvan el asunto, resuélvanlo como quieran, al final ya casi se van, pero ya resuélvanlo”, expresó. “Atrévanse a decir que es legal lo que hizo el Congreso de Veracruz, que por lo que veo, pronto se los harán a ustedes en el Poder Judicial Federal”. Desde el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, mediante su representante legal, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, el exfuncionario acusó que los magistrados retrasan resoluciones “incómodas” para el Gobierno estatal. “Si aún tienen un poco de dignidad y son en realidad garantes de la Constitución y del Estado de Derecho, resuelvan este asunto de una vez, no hay mucho para donde hacerse”, señaló. Winckler Ortiz advirtió que el Poder Judicial ha cedido a presiones políticas. “Ya vieron que de nada les sirvió plegarse al poder, arrodillarse y alargar la resolución de los asuntos que eran incómodos al régimen, al final el Poder Judicial fue también materia de un golpe de Estado, como sucedió con la Fiscalía General del Estado de Veracruz”, sostuvo. Refirió que el caso está en la ponencia del secretario en funciones de magistrado Pablo Antonio García Vázquez, quien deberá elaborar el proyecto de sentencia. El tribunal pidió a la defensa abstenerse de usar frases ofensivas o de burla bajo apercibimiento de multa. Sin embargo, la defensa señaló que el amparo está por cumplir siete años sin sentencia. “No solo le quitaron el cargo, no solo el salario, también su derecho a acceder a servicios de salud; la madre del quejoso requiere servicio médico y hasta eso le quitaron”, señaló Ramírez Cruz. En 2020, el Congreso local resolvió la remoción definitiva de Winckler al no acreditar control de confianza y por enfrentar un proceso penal. El exfiscal sostuvo que la decisión fue inconstitucional desde que fue separado del cargo en 2019. No obstante, la Suprema Corte declinó atraer el caso en enero y lo devolvió al tribunal colegiado. Así las cosas.
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