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| Jueza federal ordena a ICE detener redadas migratorias en California. | ||||||
| Una jueza federal en California ordenó detener las redadas migratorias de ICE por violaciones a los derechos constitucionales. | ||||||
| Domingo 13 de Julio de 2025 | ||||||
| Por: Agencias. | ||||||
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La decisión responde a una demanda impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en nombre de ciudadanos y gobiernos locales que denunciaron abusos por parte de las autoridades migratorias. Desde el 6 de junio, el condado de Los Ángeles ha desembolsado más de 9 millones de dólares en gastos extra, que incluyen desde horas extras en seguridad pública hasta pérdidas en ingresos fiscales. La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Tribunal del Distrito Central de California, no dejó espacio a interpretaciones en su dictamen y señaló que cualquier detención debe ajustarse a los principios de la Cuarta Enmienda, que prohíbe arrestos arbitrarios. Es decir, ICE no podrá detener a ninguna persona sin una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin autorización legal. Además, emitió dos órdenes clave: Prohíbe las detenciones migratorias sin justificación legal válida. Obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a asegurar que toda persona detenida tenga acceso a representación legal mientras esté bajo custodia en el edificio federal del centro de Los Ángeles. ¿Qué prácticas quedan prohibidas? En su fallo, Frimpong criticó duramente los métodos utilizados por las autoridades federales. Dejó en claro que los agentes no pueden basarse únicamente en aspectos como la raza, el idioma o el acento de una persona para detenerla. También se prohíbe hacer arrestos en lugares estigmatizados, como lavaderos de autos, granjas o paradas de jornaleros. Estas prácticas, según ACLU, eran utilizadas sistemáticamente por ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP). “Sin importar el color de su piel o el idioma que hablen, todas las personas tienen derechos constitucionales que las protegen de detenciones ilegales”, enfatizó el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar. Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras el fiscal federal Bill Essayli defendió las acciones de ICE y aseguró que “los agentes seguirán aplicando la ley respetando la Constitución”, desde el gobierno de California la respuesta fue completamente distinta. La demanda fue respaldada por una amplia coalición de ciudades, incluyendo Culver City, Santa Mónica, Pasadena, West Hollywood y otras. Todas coinciden en que las redadas no solo violan derechos individuales, sino que también vulneran la soberanía judicial de los estados. Las redadas han generado consecuencias económicas significativas, solo en el condado de Los Ángeles, los costos adicionales ascienden a 9 millones de dólares, una cifra que, según autoridades locales, recuerda al nivel de gasto público que se vio durante la pandemia. |
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