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XALAPA.- Una tras otra para el actual Delegado de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, a quien lo persigue su pésimo trabajo y falta de resultados en el Congreso local. Y es que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de una reforma aprobada por la Legislatura anterior del Congreso de Veracruz. Por lo anterior, el máximo tribunal del país podría ordenar la modificación del séptimo párrafo del artículo 145 del Código Civil del Estado de Veracruz, en el que se establecen medidas de protección para personas mayores de edad con discapacidad a solicitud de la CNDH. De acuerdo con el organismo presidido por Rosario Piedra, la reforma a este artículo que se publicó en octubre de este año posee un enfoque asistencialista y paternalista. “Para el caso de personas mayores con discapacidad, que aún se encuentren bajo tutela de excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas correspondientes para su protección, de conformidad con la legislación vigente, y en estricto apego al ejercicio de sus derechos humanos”, refiere la reforma de la legislatura anterior del Congreso del Estado. Sin embargo, la CNDH considera que la redacción del anterior párrafo contradice el modelo social de la discapacidad adoptado por México al ser parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este enfoque reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos con plena capacidad jurídica para tomar decisiones autónomas sobre sus vidas. Respecto al tema, la CNDH verificó una consulta realizada por el legislativo de Veracruz para llevar a cabo dicha reforma. La disposición contraviene el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, igualdad y no discriminación, seguridad jurídica y principio de legalidad y la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. La Comisión destacó que la reforma fue resultado de un proceso de consulta derivado de una sentencia previa de la SCJN. Dicho proceso, realizado por el Congreso de Veracruz, incluyó la participación de personas con discapacidad, familiares y organizaciones.
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