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XALAPA.- Aunque no dijo cómo andan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado en materia de nepotismo, donde no cantan mal las rancheras, en el marco de la presentación de su libro “La corrupción del Poder Judicial Federal”, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la Tercera Sala Especializada en Materia Penal, Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, citó casos como el de Jalisco, en donde el 50 por ciento de la plantilla laboral del Poder Judicial federal estaban relacionados por parentesco, o de Veracruz, donde el porcentaje llega al 49.06 por ciento. Si bien afirmó que esto no es como tal un delito, pues puede haber casos que han obtenido los puestos por “meritocracia”, es necesario garantizar mediante procesos de evaluación que lleguen los mejores perfiles. Uribe Obregón consideró que la corrupción judicial erosiona los cimientos de una sociedad justa y democrática, sin embargo, afirmó que todo inicia cuando se corrompen los procedimientos y sentencias en una Institución, en este caso el Poder Judicial Federal. En este contexto, la magistrada afirmó que la reforma al Poder Judicial federal tiene aspectos positivos, pero se le ha dado mayor difusión a la última etapa del proceso, como es el caso de la elección de jueces, ministros y magistrados a través del voto directo. Refirió que quienes sean seleccionados para ser sometidos a votación tendrán que cumplir con ciertos requisitos, lo cual dijo es benéfico. “No es nuevo este método de selección, anteriormente se hacía así, el presidente Juárez llegó a ser presidente la Suprema Corte a través de una elección, antes la elección era indirecta y ahora es directa (…) me parece que actualmente no solo será el voto, estamos yéndonos a la última parte, pero hay que recordar que se deben entregar ciertos requisitos que hay comités que evalúan, entonces me parece que son atinadas”, sostuvo. Uribe Obregón refirió que es necesario que la población conozca quiénes serán los perfiles que serán votados en la elección del próximo año, dado que también es una responsabilidad ciudadana. En su libro, la magistrada propone que el Consejo de la Judicatura tenga procesos sancionadores más efectivos a fin de que las quejas o denuncias no se queden solo en ello sino que los servidores públicos señalados sean investigados y en su caso sancionados de manera efectiva. “Actualmente hay muy pocos procedimientos de sanción de jueces, magistrados e incluso de oficiales”, concluyó.
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