XALAPA.- Vaya caso. Y es que la propia presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien reveló que tiene conocimiento de que existen 300 iniciativas pendientes de análisis y votación en el Congreso del Estado. En ese sentido, dijo que la iniciativa en materia de tránsito que presentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quedó rezagada y este tema será votado hasta que la gobernadora entrante, Rocío Nahle García, presente una nueva. Lo anterior fue confirmado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien indicó que dicha propuesta, aunque es importante, tendrá que esperar a que envíen una nueva. “La que él presentó ya no se aprobó, se quedó ahí, pero ya estamos en el marco del cambio de administración. Lo que sí sé es que la gobernadora entrante trae una propuesta en el tema de tránsito; está muy interesada y decidida en hacer un cambio de dirección en lo que ha venido ocurriendo”, señaló. La diputada de Morena afirmó que tiene conocimiento de que existen 300 iniciativas pendientes de análisis y votación, sin embargo, el proceso deberá repetirse. En este caso, la iniciativa enviada por el Ejecutivo fue enviada en octubre y no logró ser votada debido al cambio de legislatura. “No te puedo decir si vamos a retomar las 300 iniciativas y aprobarlas porque, además, según lo que he podido conocer en este tiempo, no es que lleguen y aprueben las que ya se presentaron, sino que se tiene que repetir todo el proceso, volverlas a presentar y llevarlas a comisión”, dijo. Explicó que cada grupo legislativo deberá acordar e impulsar las propuestas de su agenda. “Cada grupo tendrá que decidir qué temas les interesan para impulsarlos y llegar a acuerdos. Creo que hay muchas iniciativas importantes que sí van a salir en este Congreso”, añadió. La propuesta, anunciada desde 2022, buscaba proteger a la ciudadanía de “tarifas excesivas” y permitir que el pago de infracciones se realice mediante tarjetas bancarias y transferencias electrónicas. El proyecto de decreto incluía la creación de un registro actualizado de infracciones y definía una nueva vigencia de las licencias de conducir. Asimismo, planteaba que las empresas de grúas que ofrecen servicios de transporte público en la modalidad de carga especializada estén obligadas a contar con corralones adecuados para resguardar los vehículos, como parte de las medidas para “prevenir actos de corrupción”.
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