XALAPA.- Aunque reconoció avances como la aprobación de los matrimonios igualitarios, el activista Leonardo Ruiz Moreno aseguró que la legislatura saliente del Congreso del Estado será recordada por dejar una deuda histórica con la comunidad LGBTIQ+, al no resolver temas prioritarios como la prohibición de las terapias de conversión, la creación de una fiscalía especializada en crímenes de odio, la Ley de Identidad de Personas Trans, la Ley Paola Buenrostro y el Premio Estatal de la Diversidad Sexual. El activista denunció que otros temas críticos quedaron "congelados", como la creación de una fiscalía especializada en crímenes de odio. Recordó que, durante 2024, en Veracruz se han registrado al menos 10 homicidios relacionados con este tipo de crímenes. “Hubo falta de voluntad para presentar iniciativas que ya se habían propuesto. Sobre ese tema, recordó que el diputado Ramón Díaz Ávila, del PT, fue el único en presentar propuestas, pero a pesar de tener la oportunidad, el diputado Ky Durán Chincoya no las impulsó”. Ruiz Moreno, quien funge como coordinador nacional de la “Alianza Mexicana LGBT de Marchas”, acusó que Ky Durán, quien había sido considerado como un representante de la diversidad sexual, no cumplió con las expectativas. “Es un promotor de su partido, pero no ha hecho un trabajo real hacia la diversidad sexual. Ya no contamos con él”, sentenció. Por lo anterior, el activista expresó su esperanza en que la próxima legislatura, que contará con la diputada electa Astrid Sánchez, apoye las causas LGBTIQ+ y promueva las iniciativas que quedaron pendientes. Refirió que entre las propuestas más urgentes se encuentran la homologación de la prohibición de las terapias de conversión. A nivel federal, estas prácticas, consideradas dañinas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2012, están prohibidas y sancionadas desde junio de 2024. Sin embargo, en Veracruz, los legisladores no han avanzado en la adopción de esta medida. El Código Penal Federal establece que quienes realicen, impartan, obliguen o financien terapias de conversión pueden recibir penas de entre 2 y 6 años de prisión, así como multas de hasta dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Las sanciones se duplican si las víctimas son menores de edad, personas mayores o con discapacidad. Otro tema relevante es la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio, ya que Veracruz se encuentra entre los estados con mayor incidencia de estos delitos a nivel nacional. Los crímenes de odio son aquellos en los que una persona es atacada debido a su pertenencia a un grupo social específico. A pesar de que Veracruz aún no cuenta con una Ley de Identidad de Género, algunas personas trans han logrado cambios en sus documentos mediante procedimientos legales. Los activistas también exigen la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, que establece penas de 34 a 70 años de prisión para quienes cometan transfeminicidio. Por último, los integrantes de la comunidad LGBT+ también buscan la creación del Premio Estatal de la Diversidad Sexual, que reconoce a activistas que han luchado por la erradicación de la discriminación y el reconocimiento de los derechos de la comunidad. Así las cosas.
|
