XALAPA.- Mientras el gobernador Cuitláhuac García Jiménez invirtió el dinero de los veracruzanos en una obra de relumbrón, que costará más de mil 500 millones de pesos como el estadio Luis Pirata Fuente, las carreteras de todo el estado están en pésimas condiciones e intransitables. Prueba de ello es que las comunidades del municipio de San Rafael, ubicado al norte de Veracruz, denunciaron que cientos de baches cubren las vías aledañas al citado municipio. Los pobladores acusaron que llevan más de 30 años con caminos destruidos, sin mantenimiento ni rehabilitación, principalmente las vías que conectan a las localidades de El Pital, Paso de Telaya y Puntilla Aldama. Por lo anterior, un grupo de ciudadanos de esta zona, ante la urgencia por la reparación de los caminos, acudió a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la ciudad de Xalapa, a fin de exigir la rehabilitación, con materiales resistentes, de los ramales carreteros que conectan a estas tres comunidades que durante más de tres décadas han permanecido en el abandono al grado de ser intransitables. La comisión fue recibida por Efrén López Blanco, residente oficial de conservación de carreteras e Idalia Martínez Cortes, directora de Obras de la SICT; sin embargo, los ciudadanos pidieron una audiencia con el Director General, Luis Antonio Posadas Flores, luego de que los funcionarios les informaron que no tienen dinero para atender esos tramos carreteros. Miguel Bastida Sierra, líder del Movimiento Antorchista en San Rafael, dijo que estas vías de comunicación son de gran importancia porque comunican a más de 20 mil habitantes de las diferentes comunidades. “El tramo carretero 129 conecta a Martínez de la Torre y Perote hasta topar con la desviación del faro del municipio, entre Nautla y Tecolutla, pasando por San Rafael, donde todos los días miles de campesinos, transportistas y taxistas tienen que transitar a pesar de las condiciones materiales del tramo”, aseguró. Bastián Sierra agregó que los funcionarios de la SICT argumentaron que la dependencia no tiene dinero para atender esos problemas, pues la mayor parte del presupuesto pasó a ser administrado por la Guardia Nacional y el Ejército, esa fue la repuesta que dieron los funcionarios, por lo que los pobladores advirtieron que no están de acuerdo y tomarán medidas para seguir exigiendo lo que por derecho les corresponde. Así las cosas.
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