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Xalapa, Ver.- En casa del herrero, azadón de palo, y es que en la institución que tiene a su cargo la impartición de justicia en Veracruz, el Poder Judicial del Estado (PJE) decidió reservar por cinco años la información sobre el presunto desvío de recursos que detectó en diversas auditorías durante la gestión de Joana Bautista Flores, administradora de ese poder. Joana Marlén Bautista Flores fue nombrada como titular de la Dirección General de Administración del Poder Judicial, el 6 de agosto de 2020 y relevada del cargo en septiembre del 2023. Antes de ocupar ese puesto, era secretaria particular del subsecretario de administración y finanzas de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez. El pasado mes de febrero, la presidenta del PJEV, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que se interpusieron cuatro denuncias penales por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado cometidos en 2023 cuando Bautista Flores era administradora. Al respecto, la magistrada aseguró que las denuncias están soportadas en una auditoría interna practicada por la Contraloría Interna del Poder Judicial que reveló la existencia de empresas no localizables que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos. La auditoría ejecutada reveló más de 30 observaciones y recomendaciones que no pudieron ser solventadas. En Abril, la magistrada presidenta dijo que las denuncias incluyen sustracción de mobiliario, robo específico, peculado y administración fraudulenta. Entre las empresas detectadas se encuentran: Crisan Tecnologías Móviles, Proveduría y Servicios Cafha, Casa Capacitación e Innovación Social, Alecasser Comercializadas, que obtuvieron contratos por más de 40 millones y son empresas de reciente creación. A estas denuncias se suma una observación de la Auditoría Superior de la Federación en 2021 por un daño patrimonial de 82 millones de pesos en fondos federales. Vía transparencia se solicitó el pliego de inconsistencias y anexos resultado de las auditorías financiera y presupuestal a los H.H Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la contralora del Poder Judicial, Paulina Ochoa Lara, pidió reservar la información por cinco años argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso. La Contraloría aseguró que divulgar las auditorías podría poner en riesgo real la investigación de expedientes administrativos, ya que la exposición de documentos incluye a ex funcionarios públicos, particulares y presuntos responsables. Así las cosas, la reserva de la información fue avalada por la directora general de administración de Poder Judicial, Diana Cruz Villegas y por el director de asuntos jurídicos, vocales del Comité de Transparencia. Lo anterior, a pesar de que se ha revelado la existencia de diversas irregularidades en la contratación de empresas al interior del Poder Judicial desde hace varios años. De acuerdo con una investigación denominada El Poder Judicial, el arte de simular contratos, publicada en junio pasado, mientras Edel Álvarez Peña era magistrado presidente, un grupo de 20 empresas sin domicilio, ni trabajadores en planilla ganó contratos que suman 18.8 millones de dólares. Dos de ellas fueron declaradas fantasma y tres de esos socios ya están siendo investigados en otro caso de corrupción en México. Se trata de una red de empresas a las que se les entregó millonarios contratos por parte del Poder Judicial de Veracruz, a pesar de que muchas de ellas no cumplían con los requisitos legales o no contaban con trabajadores. En otra investigación también se documentó que en 2021 y 2022, cuando Isabel Romero era magistrada presidenta, entregó 53.1 mdp a empresas de reciente creación, algunas no tenían ni cinco meses creadas cuando recibieron contratos por casi diez millones de pesos. Otra información revela que, en 2019, el PJEV entregó 18.6 millones de pesos a una red de empresas que simularon licitaciones y operaciones, las cuales estaban encargadas de dar servicio de soporte en videograbaciones de la sala orales. Así las cosas.
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