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| Construcción del Tramo 7 del Tren Maya sigue pese a suspensión judicial y denuncia de desacato. | ||||||
| Comunidades mayas de Campeche siguen con la batalla legal y denuncian al gobierno de desacato por continuar con obras del Tren Maya en el tramo siete. | ||||||
| Lunes 15 de Julio de 2024 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Después de 4 años y medio del primer amparo, en 2020, para detener la construcción del tramo 7 del Tren Maya por no haber sido consultados conforme al Convenio 169 de la OIT, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil no desiste en su lucha, pues ya comienzan a ver los estragos en sus comunidades: tala, deforestación, contaminación, especulación inmobiliaria y un proceso de desplazamiento. Tras el decreto presidencial para considerarla una obra de seguridad nacional, quedan muy pocos juicios contra el Tren Maya, pero sobrevive el de la localidad de Xpujil, pues desde el 4 de marzo de 2020 un juez dictó a su favor la primera suspensión de la construcción. Romel González Díaz, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, dice en entrevista con Animal Político que esto se debe a que la ley no es retroactiva y presentaron la demanda de amparo antes del decreto. Demostraron que se vulneró el derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada. El gobierno no llevó ni intérpretes a la asamblea consultiva que organizó. Para Romel se trató de un engaño, pues solo fueron a hacerles promesas e hicieron una lista de necesidades de las comunidades y se juntaron 2 mil 600 peticiones, pero ninguna se ha cumplido. “Lo que queda claro es que el Poder Ejecutivo, representado por López Obrador, está violando los derechos de los pueblos”, dice el responsable del área jurídica y defensor comunitario, en referencia a la falta de una consulta indígena adecuada y “de buena fe”. El pasado 1 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, confirmó la suspensión definitiva del juicio de amparo indirecto 1519/2021, luego de que la Consejería jurídica de la presidencia y Fonatur interpusieron un recurso de revisión para intentar revertirla. En ese momento, estaba pendiente notificar al Comité Técnico Interinstitucional, creado para dar seguimiento a los compromisos con las comunidades afectadas por el Tren Maya, sobre el desacato a la suspensión, tras una denuncia. Pero Romel González acusa una serie de medidas dilatorias en el proceso: “decían, notifícame y dan otros domicilios. Imagínate, todavía ahorita siguen diciendo que no se les puede notificar en algunas cosas, porque no es su domicilio, no se dan por enterados”. Por ello, apenas el pasado 13 de julio, el Juez Primero de Distrito de Yucatán determinó que la responsabilidad recae en Fonatur, con sede en Ciudad de México, que debe indicar el domicilio exacto del Comité Técnico Interinstitucional para futuras notificaciones y si Fonatur se niega a recibir el oficio, el juez tomará las medidas correspondientes. El Tramo 7 se ubica entre los estados de Campeche y Quintana Roo. Las vías atraviesan Nicolás Bravo, en Quintana Roo, y Xpujil, Centenario y Escárcega, en Campeche. El pasado 8 de julio, habitantes de Nicolás Bravo realizaron bloqueos en puntos de acceso clave para las obras, en protesta por los daños ocasionados por los vehículos pesados y en exigencia de la reparación de las calles. Las afectaciones en Xpujil, según el Consejo Regional Indígena y Popular, van desde inundaciones, socavones y caída de puentes. “Ahorita están saliendo socavones. Se han derrumbado puentes, no conocen la región, y además, como tienen la presión del presidente, que quiere inaugurar todo en unos meses, pues lo están haciendo con prisas”, comenta Romel. La propia Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 7, que fue presentada en 2022, reconoce el peligro de inundaciones en época de lluvia y advierte de estructuras kársticas, que pueden generar hundimientos. Por: Neldy San Martín |
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