XALAPA.- Este martes, el Palacio Municipal de Atzacan amaneció cerrado debido a un intento de entorpecer las diligencias para la reinstalación de 11 trabajadores despedidos que ganaron un laudo laboral. La situación surge en medio de la llegada prevista de personal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quienes tienen la tarea de indagar por qué no se han cumplido los laudos emitidos por la autoridad laboral en relación con los despidos injustificados de los trabajadores en 2014. Según reportes de pobladores, tres personas colocaron carteles reclamando una supuesta compostura de un camino hacia la comunidad de El Nogal, pero los presuntos quejosos no se encuentran presentes, lo que genera sospechas sobre la legitimidad de la toma del Palacio Municipal. El conflicto se originó tras la victoria legal de los 11 trabajadores despedidos, quienes fueron injustamente desvinculados en 2014 y ganaron un juicio que exigía su reinstalación y el pago de salarios caídos; sin embargo, a pesar de múltiples órdenes para cumplir con estas medidas, el Cabildo encabezado por el alcalde Mario Alberto Vargas Amador no ha acatado las decisiones judiciales. Por lo anterior, el Tribunal Federal de Conciliación ha recurrido al Poder Judicial, que incluso ha emitido tres órdenes de arresto para los integrantes del Cabildo, incluyendo al presidente municipal, la síndica y una regidora. No obstante, estas medidas tampoco han sido ejecutadas por las autoridades pertinentes. El pasado 10 de enero se notificó al ayuntamiento un plazo de tres días hábiles para cumplir con la reinstalación de los trabajadores, una orden que tampoco se ha acatado. Desde entonces, el alcalde ha sido notificado en dos ocasiones sobre la visita del personal del Tribunal Federal, pero en ambos casos el Palacio Municipal ha sido sospechosamente cerrado. En medio de esta situación, la tensión aumenta en Atzacan, con las autoridades municipales bajo escrutinio por su evidente falta de cumplimiento con las decisiones judiciales y la presunta utilización de tácticas dilatorias para evitar la reinstalación de los trabajadores despedidos.
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