|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- En medio de un clima de incertidumbre y temor, la violencia política se ha vuelto una realidad latente en el país. Veracruz, una vez más, figura entre los estados donde la sombra del crimen político acecha con mayor fuerza, según un informe reciente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentado por Rosa Icela Rodríguez. Los datos son alarmantes: durante el proceso electoral del 2024, se registraron dos homicidios de candidatos, ambos oficialmente inscritos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) o los institutos electorales locales. Además, se confirmaron 15 casos de homicidios en total, aunque en la conferencia mañanera solo se expusieron ocho. El informe revela la trágica realidad que enfrentan quienes deciden incursionar en la política en México. Cinco homicidios afectaron a personas precandidatas, políticos registrados ante sus partidos con intenciones de asumir un cargo, y ocho a personas aspirantes, aquellos que, aunque no formalmente registrados, manifestaron su deseo de competir. Lo más preocupante es que ninguno de los candidatos o candidatas víctimas de estos crímenes contaba con medidas de protección, lo que evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran los actores políticos en el país. El caso de Veracruz resalta en este oscuro panorama. Uno de los ocho aspirantes asesinados fue Manuel Hernández Hernández, aspirante a candidato a la diputación local por el Distrito 8 en Misantla. Su vida fue truncada por la violencia cuando fue atacado por sujetos armados mientras se desplazaba en su camioneta por la carretera Misantla–Xalapa. No es un detalle irrelevante mencionar que Hernández Hernández, director de gobernación del ayuntamiento de Misantla, era un activo de Morena y un fiel seguidor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su muerte no sólo representa una pérdida para su comunidad, sino un recordatorio amargo de los peligros que enfrentan aquellos que buscan un cambio político en el país. La violencia política no sólo arrebata vidas, sino que también socava la democracia y la esperanza de un futuro mejor para México. Es urgente que las autoridades actúen con determinación para garantizar la seguridad de quienes participan en el proceso político y para erradicar este flagelo que amenaza la estabilidad y el bienestar de la nación.
|
