XALAPA.- En una situación que ha despertado fuertes críticas y preocupaciones sobre el clima político en Veracruz, el alcalde de Cosoleacaque, Ponciano Vázquez Parissi, ha denunciado públicamente un acto de intimidación por parte de policías estatales. Según los informes, los oficiales acudieron a su domicilio, tomaron fotografías de su propiedad y posteriormente lo amenazaron con un arma de fuego. El que no ha tardado en reaccionar ha sido el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez, quien ha acusado a la administración estatal de orquestar este acto intimidatorio con motivaciones políticas electorales. En una entrevista, Ramírez destaca la importancia política de Ponciano Vázquez Parissi y su hermano Cirilo, ambos activos destacados del PRI en la región, especialmente en el contexto de la coalición con el PAN y el PRD. El expresidente del PRI estatal asegura que la intención del gobierno estatal es tratar de amedrentar a los opositores para buscar cambiar los resultados de las elecciones, sabedores que las encuestas no les favorecen. Por su parte, el alcalde afectado ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado una vez que reúna todos los elementos probatorios contra los policías involucrados en el incidente. Según Vázquez Parissi, los uniformados ingresaron a su casa ubicada en un fraccionamiento con acceso controlado, presuntamente tras alegar haber recibido una llamada de auxilio. En lugar de intimidar a los políticos de la oposición, Vázquez Parissi insta al gobierno estatal a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a aclarar presuntos casos de otorgamiento irregular de contratos a empresas de nueva creación. Entre estos, señala el caso de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que habría concedido un contrato de 800 millones de pesos a una empresa que antes operaba como constructora. Este episodio ha generado una profunda preocupación sobre la situación política en Veracruz, especialmente en el contexto de las próximas elecciones del 2 de junio, donde se renovará la gubernatura y se elegirá al presidente de la República. La sociedad civil y diversas figuras políticas han instado a una pronta investigación y a garantizar la seguridad tanto de los líderes políticos como de los ciudadanos en general, y hacen un llamado al gobierno del estado para que cese su persecución hacia opositores políticos.
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