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XALAPA.- En lo que se podría interpretar como un evidente intento de influir en el proceso electoral, a través de los ayuntamientos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo el anuncio de la promulgación del decreto aprobado por el Congreso de Veracruz, para brindar la oportunidad a 180 ayuntamientos en el estado de contratar financiamientos para obras públicas y programas destinados a comunidades en situación de pobreza extrema. El decreto, avalado por cuarenta diputados locales el pasado 25 de enero, permite a los ayuntamientos solicitar créditos simples que deberán ser liquidados antes de noviembre de 2025, garantizando así su pago antes del término de las administraciones municipales. Sin embargo, sus intenciones han generado dudas. Y es que hay quienes apuntan que la verdadera motivación del mandatario es apoyar a los municipios afines a su gobierno (que de sobra es sabido están hasta el tope de endeudados respecto a su cuenta pública) facilitándoles las herramientas para contraer más deuda y puedan construir obra en sus comunidades, contrario a lo que hicieron el año fiscal anterior. Se explica que estos créditos estarán exclusivamente destinados a proyectos de infraestructura básica que beneficien directamente a poblaciones en situación de pobreza extrema o ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), abarcando áreas como agua potable, drenaje, salud, educación, urbanización y electrificación rural. Los municipios podrán acceder a estos recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), limitando la cantidad a un máximo del 25% de las aportaciones anuales del fondo. Para acceder a estos créditos, los municipios deben contar con el respaldo de al menos dos terceras partes de sus cabildos, asegurando así la legitimidad y el consenso en la adquisición de los financiamientos. Se proyecta que municipios como San Andrés Tuxtla, Papantla y Veracruz sean los principales beneficiarios, con montos asignados de 154, 120 y 85 millones de pesos respectivamente; no obstante, algunos municipios como Boca del Río, Tantoyuca, Alto Lucero y Actopan no están incluidos en esta disposición. La primera reacción por parte de la oposición no se hizo esperar, y es que durante las deliberaciones en el Pleno, el diputado Miguel Hermida Copado, del PAN, destacó la importancia de garantizar la solidez financiera de las instituciones que respaldan estos fideicomisos, así como la necesidad de asegurar un acceso equitativo y sin costos adicionales para los municipios a la liquidez financiera necesaria. Llama la atención que un municipio muy importante, y que es bastión de la oposición, Veracruz, sea considerado para ser beneficiado. ¿Intento de coqueteo de los morenistas o simple casualidad?
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