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XALAPA.- En un preocupante acto de cinismo, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), desacata y desmiente abiertamente las evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto al comportamiento de elementos de la secretaría a su cargo. La CEDH, al exhibir a la SSP como una de las dependencias con mayor número de recomendaciones, ha destapado la preocupante situación de derechos humanos en la entidad. Zúñiga Bonilla, al igual que la fiscal general del estado, opta por un argumento que raya en la incredulidad al afirmar que algunas recomendaciones simplemente no reúnen los requisitos para ser aceptadas. Este intento de negar la realidad pretende poner en duda la validez de un organismo dedicado a salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía como es la CEDH. En un evidente doble discurso, el titular de la SSP sostiene que algunos casos aún están vigentes por lo que la dependencia no puede aceptar las recomendaciones mientras las investigaciones sigan su curso. Esta táctica de dilación siembra las dudas sobre la eficacia y la voluntad real de la SSP para abordar las violaciones a los derechos humanos. Las palabras de Zúñiga Bonilla, en las que asegura que algunas recomendaciones no cumplen con los requisitos, contradicen directamente las declaraciones de Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH, quien denuncia la negativa de la SSP a proporcionar información esencial solicitada por el organismo. El argumento esgrimido por el secretario de Seguridad Pública, sobre la realización de investigaciones internas para evitar sancionar indebidamente a los servidores públicos señalados, parece más una estrategia para evadir responsabilidades que un compromiso genuino con la justicia. ¿Cuántas veces más se escudarán en investigaciones internas antes de admitir las fallas y corregirlas? El llamado de la presidenta de la CEDH para que las dependencias con recomendaciones respeten y garanticen los derechos humanos, aceptando los resolutivos, cae en oídos sordos ante la cerrazón de la SSP. El hecho de que esa dependencia concentre un porcentaje tan elevado de quejas atendidas por la comisión en 2023 (87.4 por ciento) debería ser motivo de profunda preocupación para la sociedad y una llamada de atención urgente para las autoridades estatales. Este lamentable desacato a las peticiones de información revela una falta de transparencia que socava la confianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el respeto a los derechos humanos, así como la urgente necesidad de una revisión crítica y profunda de las prácticas y políticas implementadas en esa dependencia con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
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