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XALAPA.- En el estado de Veracruz, el negocio de las grúas se ha convertido en un terreno fértil para la corrupción y los intereses oscuros, generando ganancias millonarias para algunos mientras la ciudadanía se ve atrapada en una red de abusos e injusticias. Los dueños de las concesionarias disfrutan de las mieles de este lucrativo negocio, mientras la impunidad y la falta de regulación permiten que el abuso florezca. Miembros del Foro de Abogados y Litigantes en Derecho del Estado de Veracruz han levantado la voz para denunciar los cientos de abusos diarios cometidos por algunas empresas de grúas. Mientras algunas cumplen con la ley, cobrando tarifas justas, otras operan en las sombras, sin estar registradas en el Padrón Estatal de Proveedores ni contar con el Registro Federal de Contribuyentes. Sorprendentemente, estas compañías ilegales no sólo permanecen impunes, sino que parecen recibir la bendición para operar cometiendo abusos. La preocupación ciudadana se intensifica al cuestionar si desde el gobierno de Cuitláhuac García se está encubriendo a estos extorsionadores. Las denuncias apuntan hacia la Dirección de Tránsito y la Secretaría de Seguridad Pública, donde "convenios" y "negociaciones" se manejan a niveles preocupantes para otorgar concesiones sin el debido escrutinio. Un ejemplo revelador es el caso de Roberto Malpica, propietario de grúas SERMAX (antes GATSA), quien presuntamente ha operado desde la administración del PAN a través de diversas razones sociales. Las oficinas de esta empresa fueron intervenidas por la autoridad competente, Transporte Público, bajo la acusación de trabajar para dependencias como SSP y Tránsito del Estado con placas particulares y sin contar con la concesión estatal. Las acusaciones incluyen tráfico de influencias y sobornos. En medio de estas revelaciones, los denunciantes expresan su esperanza de que la sanción para empresas como SERMAX sea ejemplar, poniendo fin a la extorsión a la ciudadanía y erradicando las operaciones ilegales; sin embargo, la gran incógnita persiste: ¿Veremos acciones concretas para desmantelar esta red de corrupción o sólo serán palabras huecas destinadas a calmar la creciente indignación de la población? La ciudadanía espera respuestas, y Veracruz aguarda justicia.
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