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XALAPA.- A pesar de que la magnitud de la crisis y la responsabilidad de las autoridades locales exigen una mayor aportación de recursos estatales para garantizar acciones sostenibles en el tiempo, y no obstante que la entidad figura como el cuarto estado con el mayor número de personas desaparecidas en México, sumando 7,016 casos en cifras oficiales, el estado de Veracruz enfrenta una disparidad preocupante en cuanto al presupuesto asignado para la búsqueda de desaparecidos. Y es que, el promedio de inversión por persona desaparecida y no localizada en Veracruz asciende a 3,944 pesos, colocando al estado entre las seis entidades con menor inversión para la búsqueda de desaparecidos. Además, en el caso específico de Veracruz, el 74% de los recursos asignados a la comisión son de origen federal. En el año 2022, la Comisión Estatal de Búsqueda recibió una asignación de 27.5 millones de pesos, de los cuales el 60% se destinó al pago de nómina. El marco legal en materia de desaparición de personas en Veracruz establece que el presupuesto mínimo para la Comisión Local de Búsqueda debe representar el 0.025% del presupuesto de egresos del estado. En el 2022, este monto debió ascender a 33.9 millones de pesos. La realidad muestra un desfase, generando cuestionamientos sobre la prioridad asignada a la problemática de desapariciones en la entidad. Un informe presentado por las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva titulado "En Búsqueda de Presupuesto: la Inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022", reveló que gran parte de los recursos destinados por los gobiernos estatales a este problema provienen de la Federación. Aunque la Comisión de Búsqueda de Veracruz se sitúa como la sexta con mayor presupuesto a nivel nacional, se encuentra por debajo de estados como Nuevo León, Zacatecas, Colima, Sinaloa y Jalisco. Destaca que, del presupuesto total de 27.5 millones de pesos, 15 millones se destinaron a servicios personales durante el 2022. Este panorama plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas implementadas y la urgente necesidad de asignar recursos adecuados para enfrentar esta problemática que afecta a miles de familias en la entidad. Así las cosas.
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