De Veracruz al mundo
Conceden suspensión provisional a Luis Vizcaíno, ex servidor público.
Martes 22 de Agosto de 2023
Por: La Jornada
Ciudad de México.- Un juez de distrito le concedió una suspensión provisional a Luis Vizcaíno Carmona, ex director general Jurídico y de Gobierno de la entonces delegación Benito Juárez, contra el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva que le dictó un juez de control de la ciudad de México el pasado 14 de julio, por los delitos de del orden común cometidos por o contra servidores públicos locales, dentro de la carpeta judicial 008/395/2023.

Es el segundo juicio que enfrenta el ex funcionario. En agosto del año pasado fue procesado por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

Los abogados de Vizcaíno Carmona, quien permanece privado de su libertad en el Reclusorio Norte, promovieron el juicio de amparo el pasado 7 de agosto ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, contra la determinación del juez de control del Sistema Procesal Penal acusatorio en la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El juez aceptó a trámite la demanda y otorgó a Vizcaíno Carmona la medida cautelar contra dichos actos reclamados y agendó para el próximo 23 de agosto, la audiencia incidental donde determinará si le concede la suspensión definitiva.

Las autoridades capitalinas ya impugnaron el fallo por lo que el caso se turnó a un tribunal colegiado quien en los próximos días resolverá si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia

Según las investigaciones de la autoridad capitalina en el proceso que enfrenta por enriquecimiento ilícito, el ex funcionario, quien fue detenido a finales de julio de 2022 por elementos de la policía de investigación en la colonia Del Valle, presuntamente formaba parte del llamado cartel inmobiliario en Benito Juárez, ya que la Fiscalía General de Justicia lo acusa de haber recibido 69 millones de pesos de dos empresas inmobiliarias entre 2015 y 2016, al realizar posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, con las que habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía a sus propios intereses.

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