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XALAPA.- Aunque nada dijo de los cientos de veracruzanos que permanecen en prisión víctimas del uso abusivo de las instituciones de seguridad pública, o del uso faccioso de la procuración de justicia – tal como ha sido documentado en varios casos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos -, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ahora se rasga las vestiduras con relación al actuar de los juzgadores federales por cuanto hace al otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva. Y es que, a decir de la titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, “tenemos reporte de que, en los diversos Distritos Judiciales del Estado de Veracruz, han llegado hasta el momento 33 mandamientos en materia de amparo en donde, sin mayor estudio del asunto; otorgan la suspensión provisional para el efecto de que cese la aplicación de esta medida cautelar. Trayendo como consecuencia, la libertad inmediata y absoluta de los imputados, en delitos tan delicados como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social”. En ese tenor, la Presidenta del TSJ aseguró que en esa institución siempre han velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite, aunque en el caso de la jueza Angélica Sánchez, el Poder Judicial Federal consideró lo contrario. Pese a ello, Jiménez Aguirre dijo no coincidir con las resoluciones del Poder Judicial Federal, “pues consideramos que, de manera incorrecta (o ilegal), desde el incidente de suspensión resuelven el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto, afectando a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad, ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados”. A decir de la titular del TSJ, los Juzgadores Federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por los jueces locales. “Esto a su vez incide en la gobernabilidad del Estado, pues los Jueces y Magistrados de la Federación, no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente. Inobservando la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez vs México, en donde se establece que la Prisión Preventiva Justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público”. La magistrada presidenta del Poder Judicial aseguró que en esa instancia velan por el debido proceso, cuidando siempre a la ciudadanía. “Pues un buen juzgador, no es aquél que sólo sabe de Derecho, sino que también resuelve con perspectiva social”. Así las cosas.
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