XALAPA.- A un año de la detención del ex fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, que se cumplió este martes 25 de julio, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de tortura y desaparición forzada, el proceso penal en su contra sigue firme. Apenas hace poco más de un año, se daba a conocer que el ex fiscal había logrado un pequeño avance legal, sobre la remoción que hiciera el Congreso del Estado en el año 2019, alegando ciertas irregularidades. Sin embargo, una semana después, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que Jorge Winckler había sido detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de dos años. En septiembre de 2019, un Juez de Control de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión en su contra, y de cinco de sus colaboradores, entre ellos el entonces fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, así como el fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada en contra de Francisco Zárate, quien fuera escolta del fiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras. Hace un año se informó que Winckler fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, por elementos del Ejército, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía Ministerial de Veracruz. A través de un fuerte operativo de seguridad fue trasladado hasta el Juzgado de Control, anexo al reclusorio en Pacho Viejo, al cual fue ingresado. Un día después se celebró su audiencia, en la cual quedó vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura y desaparición forzada de personas. Jorge Winckler era el abogado de la familia Yunes Márquez, y fue nombrado fiscal en 2016 durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Durante su periodo, la Fiscalía inició investigaciones del fuero local contra el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por actos de corrupción en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde purga una condena de 9 años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de los que se declaró culpable en un juicio abreviado.
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