XALAPA.- Con todo y las observaciones sobre irregularidades técnicas y de legalidad en los contratos para construir las ciudades judiciales y el presunto saqueo al fondo auxiliar del Consejo de la Judicatura en tiempos de Edel Álvarez Peña al frente del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con el último Informe de Seguimiento a la Cuenta Pública 2018 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), el tema se trata de un caso cerrado. Incluso a las irregularidades detectadas en el año 2017 también se les dio carpetazo. Lo anterior, a pesar de que fue el propio Orfis, en ese entonces bajo la gestión de Antonio Portilla Vázquez, el que detectó las observaciones de carácter legal en el contrato firmado por Álvarez Peña que comprometía al Poder Judicial de Veracruz a pagar una deuda de 2 mil 400 millones de pesos a lo largo de 25 años. Dicho contrato incluso fue impulsado por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, hecho que en su momento fue observado por el Orfis y marcado como una de las irregularidades que deberían solventarse. Sin embargo, ahora, bajo la gestión de Delia González Cobos, las irregularidades del manejo del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia tanto en los años 2017 como 2018 han sido marcadas bajo un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. De igual forma, la actual gestión del Orfis ha dado por concluido el tema de la auditoría de Legalidad al proceso de contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, durante el ejercicio 2018. Incluso apenas hace unos meses, la actual magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre, junto con la directora de Administración del Poder Judicial, Joana Flores Bautista – cuya austeridad fue exhibida este día en redes sociales manejando un auto Mercedes Benz con valor superior al millón y medio de pesos - dieron a conocer la conclusión de dicho contrato. En aquella ocasión señalaron que buscaron un acuerdo donde ambas partes no salieran perjudicadas, pues argumentaron que por parte del Poder Judicial era mucho el gasto que se hacía y no correspondía al beneficio, que supuestamente se obtendría con lo pactado por el expresidente Edel Álvarez Peña. Así las cosas.
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