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| Los diputados aprueban una versión modificada de la reforma minera de AMLO. | ||||
| La reforma fue aprobada por los legisladores de madrugada, la cual reduce las concesiones para esta actividad de 50 a 30 años, con posibilidad de prorrogarlas 25 años más. | ||||
| Viernes 21 de Abril de 2023 | ||||
| Por: REDACCION GOBERNANTES | ||||
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La reforma fue aprobada por las y los legisladores con 251 votos a favor y 209 en contra, tras un proceso acelerado. Además de la Ley Minera, incluye modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La iniciativa también contempla que, una vez aplicada la prórroga de 25 años más, al término de ese plazo, el titular podría participar en la nueva licitación del mismo lote, teniendo preferencia para otros 25 años improrrogables. La propuesta llevada a cabo por el Grupo Parlamentario de Morena resulta en que las concesiones podrían alcanzar una duración total de 80 años, de los 100 que se consideran en la actual legislación. En su primera propuesta, el Ejecutivo Federal marcaba una reducción en la extensión de las concesiones mineras de 50 a 15 años, con la posibilidad de un lapso adicional por el mismo periodo, lo que representantes del sector calificaron como “inviable”, ya que tan solo la fase de exploración de yacimientos dura entre 10 y 20 años. La Cámara Minera de México reconoció el espacio de “diálogo abierto” por el gobierno federal y los grupos parlamentarios para discutir la reforma enviada el pasado 24 de marzo por el Ejecutivo Federal. “El sector minero de México reitera su compromiso para seguir trabajando con las autoridades de todos los órdenes, en búsqueda de beneficio de México, la industria minera y las comunidades que alojan sus operaciones”, aseveró el organismo. El jefe de la Cámara Minera de México dijo la semana pasada que la revisión propuesta de las leyes mineras podría costarle a México unos 9,000 millones de dólares en inversiones perdidas en los próximos años y hasta 420,000 empleos directos. Las reformas obligarían a las compañías del sector a devolver al menos el 10% de los beneficios a las comunidades y a revelar el impacto de sus operaciones. El año pasado, el presidente López Obrador defendió la nacionalización de la incipiente industria del litio del país, favoreciendo la creación de una empresa estatal para la extracción del codiciado metal de las baterías, en otra medida que, según los analistas del sector minero, reduce el apetito de los inversionistas. |
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