XALAPA.- Como a río revuelto, ganancia de pescadores – igual que ocurrió en el caso del Acuario de Veracruz, que fue adjudicado a la Procuraduría del Medio Ambiente, PMA -, el titular de Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno del Estado, Juan Carlos Contreras Bautista, informó que el grupo Ferche (Fernández-Chedraui), responsable de la construcción de la plaza comercial Imperial Las Ánimas que fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sería acreedor a sanciones económicas. El funcionario señaló que a nivel estatal y federal se están evaluando las afectaciones que generó el inicio de esta obra. El secretario refirió que las construcciones de ese tipo conllevan no sólo un permiso ambiental sino otros trámites y gestiones administrativas, así como autorizaciones y recomendaciones de otras dependencias. Contreras Bautista afirmó que entre éstas se encuentran Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y otras áreas. Precisó que actualmente tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) a nivel Veracruz revisan si hubo cumplimiento o no a la totalidad de requisitos para el permiso, particularmente por cuanto hace a las recomendaciones de compensación y mitigación. "Esa es la etapa en donde se encuentra ahorita y las dos etapas determinarán lo conducente; podría haber sanciones y recomendaciones", reiteró. En ese sentido, el secretario llamó a las compañías que pretendan implementar otros desarrollos comerciales o habitacionales a cumplir con la Ley. "Que se apeguen al cumplimiento de los trámites referidos a las manifestaciones de impacto ambiental (...) y principalmente a las acciones de compensación y mitigación para poder dar una acción justa a esa intervención de la zona para la construcción de una plaza", sostuvo. Sobre este tema, el exalcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, reaccionó a la polémica generada, señalando que su gobierno fue enfático en que la empresa debía cumplir la totalidad de requisitos en torno a la conservación del ambiente para la obtención de los permisos, que no le fueron autorizados por su administración. Rodríguez Herrero precisó que su gobierno no otorgó permiso alguno a esta empresa, reiterando que el oficio donde la autoridad municipal respondió a la empresa "indica con toda claridad, en cumplimiento de la Ley, que solo satisfechos estos procedimientos, podrá otorgar los permisos correspondientes, en caso de justificarse técnicamente", lo que en su caso no aconteció.
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