XALAPA.- Debido a que Grupo MÁS, que opera el servicio de agua potable en Veracruz, Medellín y Boca del Río, ha sido acusado en innumerables ocasiones de ofrecer un pésimo servicio a la población, que ha demandado una mejora o la anulación de la concesión, el diputado local Fernando Arteaga Aponte aseguró que existen elementos para retirar la concesión a la empresa privada Grupo MÁS mediante argumentos jurídicos y sin pagar un solo peso como penalización, tal y como se ha afirmado en medios de comunicación. En ese sentido, el diputado local sostuvo que se realiza un análisis jurídico para encontrar la vía legal del retiro sin que se tenga que pagar por ello. Recientemente la diputada federal María Josefina Gamboa Torales manifestó que retirar la concesión no es fácil, pues para ello se necesitará pagar a la empresa 3 mil millones de pesos contenidos en la cláusula penal por la terminación anticipada. Al respecto, el legislador señaló que no será necesario pagar un solo peso a la empresa y deslizó que "una familia" pretende quedarse con ese dinero. "En su momento voy a subir a tribuna y verdaderamente con elementos jurídicos a dar a conocer esto. Es una falacia eso de 3 mil, no sé en la mente de quién salieron los 3 mil millones de pesos, a menos de que se los quieran dar a una familia”. "No tenemos que pagar un solo peso, conste. Lo vamos a sacar legal y jurídicamente ese tema del agua, y con buenos resultados", sostuvo. Agregó que en breve se reunirán con habitantes de los tres municipios afectados, así como con extrabajadores del Grupo SAS y con las autoridades de cada uno, sin "colores ni partidos". "Hoy más que nunca lo que nos interesa a los diputados es llegar a un buen término, no somos de los que nos gusta estar peleando o discutiendo temas que se deben de dar en materia jurídica con las leyes que nos rigen", apuntó. El legislador enfatizó que hay elementos suficientes para echar abajo la concesión otorgada por el propio Congreso a Grupo MÁS, pero evitó posicionarse a favor o en contra de determinaciones como la del alcalde de Medellín, Marcos Isleño, quien amenazó a la empresa de que, si en tres meses no mejora el servicio, iniciará una cruzada para el retiro de la concesión.
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