.- En México 6 de cada 10 casos denunciados son remitidos al archivo temporal y esto hasta ahora se ha traducido en una congeladora legal, donde los casos son enviados para esperar su prescripción. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si bien esta figura jurÃdica de archivo temporal no es definitiva, su uso generalizado en las fiscalÃas disimula la ineficiencia de la labor de las mismas, el rezago de expedientes y la congestión en sede ministerial. En el mismo sentido, el organismo refirió que en el paÃs existen sólo 254 asesores jurÃdicos para proporcionar acompañamiento a miles de vÃctimas. Por lo anterior, el IMCO consideró que la justicia mexicana tiene un gran reto en incrementar los porcentajes de asignación de asesores jurÃdicos, ya que solamente en el 29 por ciento de robos y el 30 por ciento de homicidios denunciados contaron con un acompañamiento jurÃdico. Por lo anterior, para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia penal y ganar terreno a la impunidad, el IMCO propuso la realización de planes de investigación tendientes a priorizar la atención en delitos de alto impacto, a fin de favorecer el esclarecimiento de los hechos que más laceran el tejido social y el orden público. De igual forma, fijar estrategias de comunicación y coordinación entre las labores de la policÃa de investigación y los servicios periciales, para generar elementos probatorios sólidos y exhaustivos para el esclarecimiento de los hechos delictivos. También, fortalecer las capacidades del ministerio público como coordinador de la actividad investigativa, con el fin de que cuente con las aptitudes para orientar el trabajo de policÃas de investigación y peritos, asà como para conducir planes de trabajo basados en metas fijas a corto plazo. Redirigir los esfuerzos de los operadores de justicia, procurando que enfoquen sus labores en actividades propias de su cargo y evitar que el tiempo de sus actividades sea invertido en tareas administrativas que retarden los resultados en las investigaciones. Efectuar capacitación continua para los operadores del sistema y evaluar los impactos de la misma para identificar los conocimientos y competencias donde aún existen deficiencias, especialmente en temas de Derecho Penal Procesal y sustantivo, Derechos Humanos, litigación y coordinación de investigaciones. Atender las demandas de los operadores del sistema penal, ya que son ellos quienes identifican las necesidades de infraestructura, capacitación, de recursos materiales y humanos, para la ejecución de sus facultades de manera adecuada. Y por último, reglamentar el uso del archivo temporal, restringiéndolo en delitos de alto impacto y limitándose a casos donde no existan diligencias que puedan aclarar el delito y la participación de quien lo cometió.
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