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| Denuncia Tomás Mundo conspiración en Poder Judicial y anterior Legislatura para triplicar costo de Ciudades Judiciales. | ||||
| El documento que consta de 13 fojas involucra también a un consorcio integrado por 7 empresas que carecieron de RFC en su momento, entramado que da como resultado 5 sobrecostos por diversos conceptos que suman la cantidad de 269 millones, 902 mil 158.14 pesos. | ||||
| Viernes 18 de Diciembre de 2020 | ||||
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El documento que consta de 13 fojas involucra también a un consorcio integrado por 7 empresas que carecieron de RFC en su momento, entramado que da como resultado 5 sobrecostos por diversos conceptos que suman la cantidad de 269 millones, 902 mil 158.14 pesos. De esta forma salió a la luz lo que podría significar el saqueo o fraude millonario a través de la construcción de Ciudades Judiciales en la entidad veracruzana. La denuncia puntualiza 15 irregularidades detectadas en procesos de autorización, licitación, contratación y construcción de las Ciudades Judiciales bajo el marco de la Asociación Público Privada. Al exmagistrado y los servidores públicos de ese momento se les señala de omisiones a sus respectivas funciones dentro del Poder Judicial. A la anterior Legislatura se le acusa por omisiones para ejercer debidamente sus atribuciones y funciones de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Uno de los sobrecostos más altos es el no cumplimiento del consorcio de empresas con los requisitos solicitados en las bases generales. “El gasto preoperativo para cada una de las ciudades judiciales se encuentra indebidamente integrado y presenta un sobrecosto por $54,700,000.00 (cincuenta y cuatro millones setencientos mil pesos 00/100 m.n.), más el IVA”, se lee en la onceava viñeta de la foja 3. Las empresas beneficiadas son: Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior; S.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones Rua, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos S.A. de C.V.; Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V. y Galaz, Tamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Además se celebraron contratos individuales con 4 de estas compañías de manera indebida donde el Poder Judicial de aquel entonces autorizó las propuestas de dichas empresas por gasto preoperativo en el cual integraron los “Proyectos arquitectónicos, estructurales e instalaciones y sus revisiones” (Proyecto tipo A), por un monto de $14 millones 1 mil 452.79 pesos más el IVA, triplicando así el gasto por ese concepto. Entre los nombres que acompañan al de Edel Álvarez Peña en la denuncia se encuentran los de los magistrados Andrés Cruz Ibarra y Carla Rodríguez González, los únicos dos que continúan en sus puestos como consejeros e involucrados en otra demanda interpuesta por un grupo de abogados encabezados por Mundo Arriasa, en la que se les acusa de participar en las componendas para saquear el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, del que sustrajeron supuestamente más de 15 mil millones de pesos. |
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