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| Por violentar Normas Ambientales Mexicanas, Juez ordena a Sedatu y CIAOC frenar devastación de predio Sierra Alta. | ||||
| En ese sentido, la autoridad jurisdiccional frenó la determinación de la SecretarÃa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de enajenar el predio de referencia a favor de diversos particulares que lo tienen invadido, concretamente, integrantes de la organización Central Independiente de Obreros AgrÃcolas y Campesinos (CIOAC). | ||||
| Domingo 04 de Octubre de 2020 | ||||
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En ese sentido, la autoridad jurisdiccional frenó la determinación de la SecretarÃa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de enajenar el predio de referencia a favor de diversos particulares que lo tienen invadido, concretamente, integrantes de la organización Central Independiente de Obreros AgrÃcolas y Campesinos (CIOAC). En su resolución, la juez determinó que al no haberse validado la legalidad del deslinde, se viola la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre "Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-CategorÃas de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo". El predio Sierra Alta, de 2 mil hectáreas, se encuentra en disputa entre integrantes de la CIOAC y particulares. La resolución, emitida por la Juez Juárez Benavides, también obliga a la Sedatu y a los agremiados de la organización campesina a detener la afectación del entorno, aunque la suspensión no paraliza el procedimiento de ejecutar trabajos de medición y deslinde por parte de la dependencia federal, lo que se discutirá en audiencia constitucional. De acuerdo con la abogada de los propietarios originales del predio, Itzel Jurado Ortiz, los afectados consiguieron la suspensión definitiva del acto reclamado, es decir, la juez encargada prohibió la degradación del medio ambiente por parte del deslinde de la Sedatu. Dijo que la dependencia federal, a través de la Dirección de Amparos en la Unidad de Asuntos JurÃdicos, en representación del titular y de la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, impugnó la resolución de la juez a través de un recurso de queja, la cual fue declarada infundada por la autoridad, por lo que quedó sin materia. En el mismo sentido, la abogada demandó al Gobierno de Veracruz, a la FiscalÃa General del Estado y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia que "cumplan con sus obligaciones", dado que sus demandas no rebasan el marco normativo. Y es que, por último, Jurado Ortiz consideró que ha habido tardanza de parte de las autoridades lo que ha desencadenado otra problemática que no se hubiera presentado si hubiesen realizado su trabajo, respetando los derechos de todos. Asà las cosas. |
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