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| Crean alianza para defender los derechos de los pueblos originarios. | ||||
| En un comunicado conjunto, los pueblos y colectivos participantes en la iniciativa lamentaron que la “nación pluricultural” prevista en la Constitución mexicana “sigue siendo una quimera”, pues las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y violando sus derechos fundamentales. | ||||
| Viernes 25 de Septiembre de 2020 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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En un comunicado conjunto, los pueblos y colectivos participantes en la iniciativa lamentaron que la “nación pluricultural” prevista en la Constitución mexicana “sigue siendo una quimera”, pues las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y violando sus derechos fundamentales. “A pesar de que en los hechos los pueblos siguen construyendo su autonomía, vemos día con día a gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión, e invadir los territorios con proyectos de muertes, por medio de la violencia, la corrupción y falsas consultas”, señalaron. En este escenario, en el cual se divide el tejido comunitario de los pueblos y se ataca y criminaliza a comunidades y defensores indígenas, los integrantes de ALDEA enfatizaron que “se requieren medidas eficaces y coordinadas, incluidas reformas del marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como tierras, territorios y recursos naturales”. Entre los temas prioritarios de la organización está la exigencia de reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público; derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, y oficializar la prohibición de la práctica de la fracturación hidráulica o fracking. Asimismo, a los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca les pidieron aprobar las reformas en las constituciones y leyes locales para el pleno respeto y garantía del autogobierno y los sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades en estos estados. A la Secretaría de Gobernación y a los órganos de seguridad y procuración de justicia, los llaman a “implementar medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores el ejercicio pacífico de su labor de defensa de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización”. |
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