De Veracruz al mundo
Presentan iniciativa de “violencia de género� para funcionarios en BC.
Contempla en uno de los transitorios que el Gobierno del Estado integre Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y de Agresores Sexuales, de Intrafamiliares y de Género
Domingo 29 de Septiembre de 2019
Por: La Jornada
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La diputada Triny Vaca presentó una iniciativa para incorporar a la Constitución de Baja California local la obligación de los servidores públicos de contar con declaración “3 de 3 de violencia de género� para evitar en el servicio público a deudores de pensión alimenticia, agresores sexuales y de mujeres.

Contempla en uno de los transitorios que el Gobierno del Estado integre Registros Estatales de Deudores Alimentarios Morosos y de Agresores Sexuales, de Intrafamiliares y de Género

Dicha iniciativa consiste en tener como requisito ineludible para todo servidor público: el no contar con antecedentes de ser deudor de pensión alimenticia, de acosador sexual, ni de agresor por razones de género.

“Nadie cuestiona y mucho menos está en contra de que se exija a servidores públicos, legisladores, líderes de partido y candidatos a cargos de elección popular, la publicación voluntaria de su declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos�, dijo la legisladora independiente al tiempo de señalar que debe cuestionarse si un servidor público carece de antecedentes penales "pero es violento con su esposa o sus hijos; si un funcionario está al corriente de sus impuestos, pero es un deudor alimentista y si está bien que no tenga conflicto de intereses económicos o políticos pero es un depredador o acosador sexual�.

Vaca Chacón se pronunció por establecer una transversalidad efectiva en la administración pública estatal y municipal, y que se cuente con una visión interinstitucional en la aplicación de las políticas públicas relativas a prevenir y atender la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres.

La iniciativa consiste en reformar al artículo 8 de la Constitución local, a partir de los planteamientos realizados en un encuentro de organizaciones defensoras de derechos humanos y de grupos feministas en el Congreso de Baja California.

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