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| Braceros denuncian al Estado mexicano ante la CIDH. | ||||
| En conferencia de prensa, los inconformes explicaron que el pasado 29 de marzo acudieron ante la sede de la CIDH en la ciudad de Washington, para denunciar que en octubre de 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo un amparo que una juez de distrito le había otorgado dos años antes a los braceros. | ||||
| Jueves 11 de Abril de 2019 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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En conferencia de prensa, los inconformes explicaron que el pasado 29 de marzo acudieron ante la sede de la CIDH en la ciudad de Washington, para denunciar que en octubre de 2018 la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo un amparo que una juez de distrito le había otorgado dos años antes a los braceros. El 29 de febrero de 2016, recordaron los representantes de los trabajadores, la juez segunda de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Paula María García Villegas, le concedió un amparo a más de 5 mil braceros y ordenó que el gobierno mexicano le pagara a los demandantes sus fondos de ahorro. No obstante, la SCJN anuló la mencionada sentencia al convalidar el argumento de las autoridades del país de que las pruebas documentales sobre el dinero que le corresponde a cada ex bracero “habían desaparecido” a causa del sismo del 19 de septiembre de 1985, pero sin explicar a detalle en qué lugar se encontraban esos documentos. Tras el largo procedimiento legal que han seguido para recuperar sus ahorros, y por considerar que ya se han agotado todas las instancias judiciales mexicanas para ello, los ex trabajadores y sus familias acudieron ante la CIDH, y el mismo día fueron recibidos por los congresistas demócratas Tony Cárdenas, Joaquín Castro y Raúl Grijalva, quienes les manifestaron su apoyo. Los ex braceros llamaron al presidente a Andrés Manuel López Obrador a “resolver definitivamente esta deuda histórica”, y se dijeron dispuestos a negociar para que la entrega de sus fondos de ahorro no perjudique a la economía del país. De acuerdo con el asesor legal de los inconformes, Porfirio Martínez, aunque los beneficiarios del amparo otorgado por la juez García Villegas son alrededor de 5 mil, habría otras 12 mil personas afectadas que están en proceso de tramitar un amparo y seguir luchando por la recuperación del dinero que las autoridades mexicanas les adeudan. Según cálculos de la Facultad de Economía de la UNAM, los recursos que no se le entregaron a todos los integrantes del programa de trabajo temporal abierto en 1942 en Estados Unidos asciende a más de 5 billones de pesos, pero Martínez aclaró que sus representados únicamente reclaman la parte que a ellos les corresponde. De igual manera, recordó que en el Archivo General de la Nación hay una copia certificada de la carta que le envió el director del Banco Nacional Agropecuario al ex presidente Miguel Alemán, en la cual le informa que Estados Unidos envió unos 6 millones de dólares al país para cubrir la deuda con los braceros, pero también admite que la institución a su cago ya utilizó ese dinero, por lo que no puede devolvérselo a sus propietarios. |
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