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| Emite CNDH recomendación a SSPC y FGR por tortura. | ||||
| Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 19VG/2019 dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por violaciones graves a los derechos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de la víctima. | ||||
| Mircoles 03 de Abril de 2019 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 19VG/2019 dirigida al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por violaciones graves a los derechos a la libertad, seguridad personal y legalidad por la inviolabilidad del domicilio, detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual en agravio de la víctima. La recomendación también se envió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y presidente municipal de Iguala, Antonio Salvador Jaimes Herrera, por el ineficaz acceso a la justicia para el agraviado en su modalidad de procuración de justicia. Tras investigar los hechos, y luego de revisar opiniones especializadas en medicina y psicología, la CNDH acreditó que la grave actuación de los elementos de la PF, generó en la víctima alteración en su integridad física y emocional debido a la tortura y violencia sexual infligida posterior a su detención, “lo que cobra mayor relevancia porque dicho personal del servicio público está encargado de proporcionar seguridad a la ciudadanía”. Además, el organismo concluyó que las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República “omitieron la remisión del desglose de la averiguación previa al área correspondiente de esa institución para que se iniciara la investigación con motivo de la denuncia del delito de tortura que la víctima realizó cuando declaró ministerialmente”. Además, el personal de la actual Fiscalía General de la República omitió el seguimiento a las diligencias ordenadas por una agente del Ministerio Público de la Federación en la averiguación previa iniciada a petición de un juzgado de distrito, por esse ilícito, “lo cual generó perjuicio al agraviado a quien se le hizo nugatoria la posibilidad de justicia en su favor”. Aunado a ello, un médico legista de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad Municipal, certificó el estado físico del hombre tras su detención, y pese a la notable alteración de su integridad física, indicó que “no presentaba lesiones”. Por ello, la CNDH recomienda a Durazo que, en coordinación con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño al agraviado y a su esposa, que incluya una compensación en términos de la Ley General de Víctimas; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y, de requerirlo, se les brinde atención psicológica. También deberá colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que se formule en la Unidad de Asuntos Internos de la PF y en la integración de la carpeta de investigación ante la FGR contra los agentes de la policía federal involucrados, entre otras. Al fiscal general de la República se le solicita continuar con la debida integración de la averiguación previa correspondiente y cite a declarar al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que intervino en la detención del agraviado; colaborar en la presentación de la queja e integración de la carpeta de investigación que se inicie contra del personal ministerial involucrado, y algunas más. En tanto que al presidente municipal de Iguala se le pide colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que formule en contra del médico legista que revisó a la víctima ante las irregularidades detalladas en la Recomendación y capacitar al personal del servicio médico legista de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad Municipal en materia de derechos humanos, particularmente en el “Protocolo de Estambul”. |
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