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| Corte IDH: El Estado mexicano violó DDHH de mujeres en Atenco, cuando Peña gobernaba Edomex. | ||||
| “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). | ||||
| Viernes 21 de Diciembre de 2018 | ||||
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Las mujeres fueron víctimas de tortura física, sexual y psicológica; se les aprehendió arbitrariamente y no tuvieron acceso a la justicia, declaró el máximo órgano judicial de Derechos Humanos. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, declaró la corte, de acuerdo con información del diario Reforma. Hace once años, en mayo de 2006, luego de los operativos de policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México, al menos 31 de las mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales por parte de las fuerzas de seguridad tanto al momento de la detención como en su traslado al penal durante la gestión de Enrique Peña Nieto en la entidad mexiquense. Las violaciones a sus derechos humanos se mantuvieron impunes y, además, ellas enfrentaron por años procesos penales acusadas de ultrajes a la autoridad, portación de arma, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado. Entre las detenidas se encontraban las once denunciantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que acusaron acoso sexual y tortura: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. La CIDH recomendó en 2015 al Estado mexicano investigar de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales encaminadas a prevenir la repetición de hechos similares. Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en las recomendaciones y remitió el caso a la Corte Interamericana, facultada para emitir sentencias vinculatorias. -Con información de Dulce Olvera. |
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