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| Liberan a cercano de Carlos de Salinas Gortari, preso hace 6 años. | ||||
| El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el estado de México le concedió un amparo que dejó sin efecto la resolución del Cuarto ribunal unitario del segundo circuito. | ||||
| Lunes 25 de Junio de 2018 | ||||
| Por: jornada.unam.mx | ||||
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El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el estado de México le concedió un amparo que dejó sin efecto la resolución del Cuarto ribunal unitario del segundo circuito. De acuerdo con el juicio de amparo 3/2018, el impartidor de justicia decretó “la absoluta e inmediata libertad del sentenciado única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal 31/2012”. En 2012 funcionarios revelaron sobre la investigación de una red de corrupción que involucraba a siete funcionarios del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Ortega Maya, quienes presuntamente brindaban información de cateos u órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización criminal de los hermanos Cabrera Sarabia, vinculada con el cártel de Sinaloa. En su momento se dijo que la organización contrataba mujeres que se hacían pasar por abogadas en juzgados y oficinas de la PGR, para enganchar a servidores públicos o conocidos de estos que les permitieran obtener información de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf). A los empleados de la PGR se les investigaba por revelación de secretos y delincuencia organizada, ya que las supuestas abogadas tenían la encomienda de obtener datos de las investigaciones de la PGR para que no fueran detenidos personajes como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, o Felipe Cabrera, El Inge, capturado en diciembre de 2011. A través de pagos que llegaron hasta los 200 mil dólares, funcionarios del Poder Judicial, la Seido y supuestos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), según entregaron información de operativos contra la banda Cabrera Sarabia, responsable del trasiego de drogas del cártel de Sinaloa en Durango y sur de Chihuahua, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, una testigo protegida y Guadalupe Verónica Esquivel Cuevas revelaron que lo mismo obtenían datos de investigaciones de la Seido que información enviada por agencias estadunidenses como DEA, ATF o ICE, encargadas de combatir el narcotráfico, el contrabando de alcohol, tabaco y armas de fuego y aduanas, a cambio de pagos que iban de los 50 mil a los 300 mil dólares. |
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