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| CNDH censura a autoridades por maltratar a 62 adultos, mujeres y niños indígenas víctimas de trata. | ||||
| La recomendación 15/2018, de la CNDH, está dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Gobernador del Estado de Colima y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colima, pues aseguran que no se atendió de manera integral a 62 personas indígenas víctimas del delito de trata y se ignoraron los derechos de los trabajadores y el interés superior de la niñez. | ||||
| Domingo 13 de Mayo de 2018 | ||||
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La recomendación 15/2018 dirigida al Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Gobernador del Estado de Colima y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Colima. La CNDH “solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social localizar a las 62 personas indígenas e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, para que accedan, en lo conducente, a la asistencia y reparación integral del daño contempladas en las leyes general y estatal en la materia”. La comisión determinó violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, procuración de justicia, protección de la salud, trato digno, libre desarrollo de la personalidad, interés superior de la niñez, y aspectos inherentes a la dignidad humana sobre atención a víctimas de delito en agravio de los jornaleros agrícolas y sus familias. De acuerdo con la Comisión, las autoridades laborales no levantaron un censo de la población total de este caso en el que 48 adultos y 14 personas menores de 18 años de edad entre ellos lactantes fueron víctimas del delito de trata en un centro de trabajo de producción de pepino e ignoraron sus derechos de los trabajadores, además de que debían garantizar el regreso seguro a sus comunidades de origen y no sólo presentar la denuncia ante el Ministerio Público. “Tampoco dictaron medidas de protección en favor de jornaleros y sus familias, no se les resguardó en un lugar seguro e higiénico, no se preservó el lugar de los hechos, ni se recolectaron evidencias e indicios, así como tampoco se realizó diligencia alguna para determinar la condición de víctima de cada jornalero, dejándolos en estado de indefensión y de mayor vulnerabilidad, ya que la mayoría no hablaba español”, demanda la CNDH. Tras una investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que a pesar de que el personal del IMSS sabía que las víctimas carecían de afiliación no les brindó orientación ni información acerca de sus derechos de seguridad social, además de nunca realizar una visita de inspección al centro de trabajo “a pesar de que el agente del Ministerio Público le dio vista de los hechos, para su correspondiente intervención”. Entre las irregularidades a las que estaban expuestos los trabajadores agrícolas se encuentran la exposición a sustancias peligrosas, falta de alimento y agua potable y sueldo pagado a destajo. |
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