Samuel Aguirre Ochoa
Un grave daño medioambiental, humano, económico y social está causando un derrame de hidrocarburos en los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y ,sobre el cual, se han difundido muchas versiones que están confundiendo a la opinión pública porque prácticamente ninguna coincide entre sí, y mucho menos se ha dado una explicación racional y científica que se apegue a la verdad.
La primera noticia sobre este tema se difundió el primero de marzo, cuando pobladores de los municipios veracruzanos de Pajapan y Tatahuicapan de Juárez denunciaron la llegada de chapopote a las playas de sus comunidades. A partir de aquí fueron creciendo las denuncias de la presencia de residuos de hidrocarburos en las playas de un mayor número de municipios.
Sin embargo, un análisis de imágenes satelitales presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y la organización ambientalista Greenpeace México, revela que el derrame de hidrocarburos se originó desde principios de febrero de 2026 frente a las costas de Campeche, pero que dicho derrame no fue atendido por las autoridades federales.
La evidencia satelital presentada por dichas organizaciones indica que entre el 6 y el 10 de febrero se detectó una embarcación en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, zona donde comenzó el derrame de crudo.
Para el 14 de febrero, la mancha de contaminación alcanzaba una extensión aproximada de 50 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
A pesar de que las imágenes muestran a cinco embarcaciones realizando labores de contención desde el 13 de febrero, las autoridades federales omitieron emitir alertas públicas oportunas, contraviniendo los protocolos de seguridad nacional.
Hasta el momento ni el gobierno federal ni el gobierno de Veracruz han investigado a fondo la causa precisa del derrame de hidrocarburos y, por tanto, tampoco han logrado detener el flujo de petróleo a las costas y menos aplicar sanciones a los responsables directos de este desastre.
La primera posición oficial del gobierno de Veracruz se emitió el 12 de marzo, cuando en conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz, Ing. Rocío Nahle García informó que la causa era una “mancha de petróleo” en algún punto del Golfo de México cuyos residuos tóxicos estaban llegando a las costas veracruzanos como resultado de las corrientes marinas: la mandataria sostuvo que el derrame provenía de un barco de una empresa privada dedicada a tareas de exploración y explotación, sin precisar de qué empresa se trataba.
Para atender la problemática, el13 de marzo, el gobierno federal formó el Centro de Comando Unificado de Veracruz, en el que participan la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría del Medio Ambiente, Comunidad Portuaria y Pesquera y las autoridades de Tabasco y Veracruz.
Hasta el 25 de marzo, dicho Centro emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que: “continúan las investigaciones correspondientes para ‘determinar el origen del hidrocarburo detectado’ y una vez determinado su origen, se procederá conforme a la ley para que, en caso de requerirlo, se impongan las sanciones administrativas, penales y ambientales correspondientes, que incluyen multas y responsabilidad ambiental”. En dicho comunicado se informó que de las playas afectadas por el derrame se han retirado 128 toneladas de crudo.
Al mismo tiempo, se han intensificado las denuncias de pobladores de diversas localidades sobre la llegada de chapopote y la presencia de animales marinos muertos en playas de Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Nautla, Vega de Alatorre, Tamiahua y Tuxpan. Las autoridades estatales y federales han intentado negar y minimizar dichas denuncias.
El daño ecológico es grave, según Greenpeace México la contaminación por hidrocarburos es consecuencia de “un derrame petrolero sin control”, y también niega la versión oficial del gobierno federal sobre que se ha limpiado el 85% de las playas contaminadas.
Por otra parte, la organización no gubernamental Red Corredor Arrecifal Golfo de México sostiene que el chapopote ha alcanzado 630 kilómetros de litoral en los tres estados y que continúan llegando los residuos de hidrocarburos y también denunciaron que las acciones de limpieza se han concentrado solo en algunas zonas turísticas, dejando localidades vulnerables o alejadas sin atención. Por lo que esta organización ha insistido en que se declare al litoral veracruzano como zona de emergencia ambiental para que se destinen recursos humanos y económicos nacionales e internacionales para contener la afectación.
El asunto es preocupante porque, además de la tragedia ambiental, se están resintiendo los efectos en la economía de las localidades afectadas. Hasta el momento, las autoridades municipales de los municipios de Pajapan, Tatahuicapan de Juárez, Nautla y Vega de Alatorre han suspendido la actividad pesquera de forma oficial para proteger a sus habitantes de la contaminación. Sumado a esto, la Red Corredor Arrecifal Golfo de México advierte que en 13 municipios los propios pescadores se han impuesto una veda obligatoria.
Los pescadores denuncian que debido a esta situación no han salido a pescar y no han obtenido ingresos, pues temen perder sus instrumentos de trabajo.
La afectación se extiende también a otros sectores de la población como los vendedores ambulantes, pequeñas pescaderías y palaperos que dependen de la actividad pesquera para subsistir, es gente que vive al día y piden que el gobierno instrumente un programa de rescate económico urgente para ayudarlos.
Si la situación persiste, pronto se verán igualmente afectados centros de abastecimiento de pescados y mariscos, restaurantes, hoteles y todas las actividades que dependen del turismo, lo que traerá pérdidas económicas, despidos de trabajadores o hasta cierre de comercios, golpeando la frágil economía de miles de veracruzanos.
El gobierno federal anunció una inversión de 35 millones de pesos para ayudar a los pobladores de las zonas contaminadas, sin embargo, hay denuncias de colectivos de pescadores y pobladores que sostienen que no se les está apoyando.
Por ejemplo, la red de comunidades nahuas y popolucas del sur de Veracruz, así como el Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, emitieron un extenso comunicado el pasado 23 de marzo para denunciar múltiples irregularidades.
Por ejemplo, que la Compañía Comercializadora y Constructora Maya, contratada por el gobierno federal para coordinar las labores de limpieza en las playas, no ha pagado a los habitantes de las comunidades que desde hace tres semanas participan en dichas tareas, además denunciaron que a estas personas nunca les proporcionaron el equipo mínimo de protección como guantes, mascarillas y trajes especiales para el manejo de los residuos de hidrocarburos.
En el comunicado también sostienen que la gran mayoría de la población afectada no ha sido indemnizada. Además, acusan al gobierno de no proporcionar la información adecuada sobre el riesgo sanitario de consumir productos contaminados y que los centros de salud no están preparados para atender esta contingencia.
Por nuestra parte, a nombre del antorchismo veracruzano me sumo a las voces que exigen que el gobierno federal y estatal encuentren la fuente de este derrame que ha causado un desastre ambiental y social, así como que se castigue a los responsables de éste y que se desplieguen las acciones necesarias para atender las zonas afectadas y a la población que se ha quedado sin ingresos.
A los veracruzanos afectados les extendemos nuestra solidaridad como organización y los llamamos a denunciar con valor esta problemática y a que se organicen, porque solo con su unidad y fuerza lograrán ser escuchados, así como obligar al gobierno a que cumpla con sus funciones. |
|
