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XALAPA.- Veracruz se encuentra entre los estados con mayor número de quejas por violencia política de género en el país. En los últimos procesos electorales locales, se registraron decenas de denuncias de candidatas y militantes de distintos partidos, lo que ha llevado a las autoridades electorales a reforzar protocolos de atención y sanción. Prueba de ello es la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) de sancionar al dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, y al tesorero del comité, Roberto Ramírez Archer, por incurrir en actos de violencia política en razón de género, discriminación y obstaculización de funciones, en agravio de la diputada local Monserrat Ortega Ruiz. La resolución revocó la decisión de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que previamente había minimizado la queja presentada por la legisladora. Ortega denunció que, durante su gestión como secretaria de Promoción Política de la Mujer, se le asignaron condiciones laborales inequitativas, recibió trato discriminatorio y enfrentó obstáculos que limitaron el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el expediente, la diputada acusó que tanto Salomón Molina como Ramírez Archer establecieron diferencias salariales y administrativas respecto a otros integrantes del comité, a pesar de encontrarse en igualdad de condiciones jerárquicas. Además, fue objeto de exclusión sistemática en la toma de decisiones internas. Luego de revisar las pruebas, el TEV concluyó que existió un patrón de violencia política de género en el comité estatal panista, constituyendo una violación grave a los derechos de las mujeres en el ejercicio de sus funciones. Como consecuencia, ordenó inscribir a los sancionados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, lo que podría limitar su participación en cargos partidistas o de elección popular. El caso destaca por revelar conflictos internos en Acción Nacional, partido que en Veracruz ha buscado proyectar una imagen de defensa de los derechos y la participación de las mujeres. La sentencia del TEV evidencia que, dentro de sus estructuras, persisten prácticas de exclusión y violencia hacia las militantes. En ese tenor, la legisladora celebró la decisión del TEV y destacó que reconoce no solo su situación particular, sino también las barreras que enfrentan muchas mujeres dentro de los partidos políticos. “Lo que denuncié no fue un capricho, sino una realidad: la discriminación y la violencia política son prácticas comunes que deben erradicarse”, concluyó.
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