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CDMX.- ¡Poder Judicial, por voto popular! ¡Reforma judicial, prioridad nacional!” ¡Fuera Piña, fuera Piña! y Poder Judicial, vergüenza nacional fueron las consignas que miles de estudiantes de escuelas públicas y privadas emitieron al manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de las Federación (PJF) que esta semana aprobó la Cámara de Diputados y envió al Senado.
Las condiciones inmejorables para que se produzca una reforma en el sistema de impartición de justicia nada tienen que ver con la voluntad de una sola persona; al contrario, son resultado de la decisión soberana que se expresó en las urnas para determinar las transformaciones que exige el país, transformaciones profundas, no simuladas, que como en otros momentos de nuestra historia producen mecánicamente la reacción de las élites conservadoras y antidemocráticas para aferrarse a la comodidad de dejar las cosas como están, a mantener el orden establecido, y en este caso a la continuidad de un sistema judicial que legaliza y normaliza la opresión y desigualdad, apuntó Camilo Villareal, uno de los oradores en el templete.
Fernando, alumno de la UNAM, aseveró que en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios sí hay estudiantes que apoyamos la enmienda. Es el pueblo organizado, el que logrará una verdadera justicia en el país.
Al mitin asistieron alumnos de UNAM, Politécnico y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como de instituciones privadas, entre ellas la Universidad del Valle de México, Ibero, Tec de Monterrey, Anáhuac y de la Escuela Bancaria y Comercial.
Luis Flores, estudiante de Historia en la UNAM, expresó que justamente es una necesidad que el pueblo pueda elegir a los representantes del Poder Judicial; ya lo hacemos con el Legislativo y el Ejecutivo, y ahora también parte de ese sistema democrático es que se elija a jueces y magistrados.
Al tomar la palabra, Rafael Barajas, El Fisgón, colaborador de esta casa editorial, indicó que desde 2018, cuando Andrés Manuel ganó la Presidencia, el aparato de justicia emprendió una larga y muy agresiva guerra judicial. Esta Suprema Corte recientemente tumbó al Congreso 74 leyes, violando el principio de la separación de poderes, entre ellas la de la industria eléctrica.
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